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19 de mayo de 2024
NotiCAP Realidad País

El impacto del correcto funcionamiento del Poder Judicial para las marcas

  • septiembre 26, 2022
  • 6 min read
El impacto del correcto funcionamiento del Poder Judicial para las marcas

El Poder Judicial es uno de los poderes en los que está estructurado y organizado el Estado paraguayo. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 de la Constitución Nacional “El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control”.

Al Poder Judicial le corresponde interpretar, cumplir y hacer la Constitución y las leyes dado el rol de custodio de la Constitución que le asigna la propia Carta Magna.

La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, y es ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados, en la forma que establecen la Constitución y las leyes.

Miguel Aranda, asesor jurídico de la CAP nos recuerda esto para identificar las principales prioridades que deben captar el interés del gremio y las empresas asociadas.

La CAP constantemente se preocupa por distintos aspectos de la realidad país. ¿Cuáles son algunos aspectos del sistema judicial que hoy deben atraer nuestra atención?

Uno de los aspectos de la realidad país que constantemente preocupa a la CAP tiene que ver con el Poder Judicial y su funcionamiento como tal.

Preocupan entre otros aspectos tales como la selección de los magistrados empezando desde los ministros de Corte, la organización de las salas de la Corte y demás tribunales y juzgados inferiores, la capacitación de los recursos humanos del Poder Judicial y la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento de la estructura judicial.

¿Cuál es su opinión respecto a la situación descrita?

Creo no estar errado cuando señalo que, para la gran mayoría de los operadores del sistema de justicia, es sumamente preocupante la situación que se plantea con relación al funcionamiento mismo del Poder Judicial y, en particular, acerca de los aspectos que acabamos de señalar.
No podemos dejar mencionar que, dado los cuestionamientos acerca del proceso de selección de magistrados, en últimas convocatorias realizadas por el Consejo de la Magistratura para cubrir vacantes el número de participantes de dichas convocatorias se ha venido reduciendo en forma importante lo que en definitiva conspira contra el objetivo final del concurso de selección que es el de la selección de los más capaces dentro del mayor número de candidatos posible.

También es importante poner énfasis en la necesidad de capacitación de los recursos humanos y el importante requerimiento de dotar a estos recursos humanos de adecuada infraestructura material y tecnológica. Especialmente en momentos como el actual en el que, por ejemplo, se halla en pleno proceso de implementación a nivel nacional el expediente judicial electrónico.

La pandemia por COVID-19 también ha contribuido a acentuar y dejar aún más de manifiesto la importancia de contar con los recursos tecnológicos y el personal debidamente capacitado para su uso, como elementos indispensables para el funcionamiento del sistema judicial.


¿Cuáles podrían ser buenas prácticas o aspectos por trabajarse, en este escenario?

Sostengo que se podría – o, más bien, se debería – trabajar, como marcas y empresas que forman parte de la sociedad civil que quienes integran la CAP, en buscar el establecimiento y la consolidación de los procesos de selección de magistrados sin injerencias especialmente políticas, con criterios objetivos que aseguren la transparencia del proceso.

Asimismo, creo que se debe insistir en el combate, por parte de la máxima instancia judicial, de la mora judicial, en el ejercicio de la potestad de superintendencia sobre tribunales, juzgados y demás instancias que conforman el Poder Judicial y en el control de gestión judicial y jurisdiccional mediante las diversas herramientas con las que se cuenta para ello.

Se debe ejercer una contraloría ciudadana respecto al uso que realiza el Poder Judicial de los recursos

También se debe ejercer una contraloría ciudadana respecto al uso que realiza el Poder Judicial de los recursos provenientes del Tesoro Público y de los recursos propios que genera, de manera a buscar una mejor calidad del gasto público, priorizando la inversión de dichos recursos en los temas que así lo demanden y que son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica del ciudadano entre las cuales volvemos a destacar se encuentran la infraestructura, especialmente la tecnológica y la capacitación de los recursos humanos.

¿De qué manera las marcas, las empresas, se ven impactadas por esto?

El funcionamiento correcto del Poder Judicial tiene una gran importancia e impacto para las marcas, las empresas y para todo el país. No olvidemos que el Poder Judicial constituye, dentro de un estado de Derecho, el último eslabón la última garantía a la que la persona, física o jurídica, puede y debe acudir para buscar que sus derechos sean respetados o restablecidos.
Es así que un Poder Judicial que se caracterice por su independencia, su imparcialidad, su transparencia y su estricto apego a la Constitución y las leyes, tendrá necesariamente un alto impacto en la imagen país.

Permitirá proyectar un Paraguay serio, predecible y con seguridad jurídica, lo que a su vez estamos seguros de que permitirá el crecimiento de las inversiones y negocios ya existentes y la radicación de nuevas y más importantes inversiones incluso.

El mensaje que quiero compartir guarda relación con la importancia de que desde la CAP y, por supuesto, con el apoyo de las marcas y empresas asociadas, sigamos impulsando la transparencia y el fortalecimiento institucional de la administración de justicia en la búsqueda del mejoramiento permanente del servicio de Justicia, atendiendo así a la demanda ciudadana.


Es impostergable para el Paraguay un Poder Judicial que, gozando de la autarquía presupuestaria prevista constitucionalmente y en un marco de respeto inter-poderes, se conduzca con imparcialidad e independencia, aspectos fundamentales para un adecuado funcionamiento de un Estado democrático en el que se hallan garantizados la accesibilidad, eficiencia y previsibilidad del sistema.