¿Qué futuro nos espera?
Revista Camara de Anunciantes del Paraguay
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional realizó su visita anual al país. Durante la misma, enfatizó en recomendaciones de mejorar la transparencia y eficiencia del gasto público. Ante esta situación, conviene hacer un paralelismo que refresque la memoria entre el compromiso adquirido hace un año por el gobierno al realizar millonarios préstamos y la situación que atraviesa en este momento el país.
Antecedentes
Un año atrás, en el mes de abril, el Fondo Monetario Internacional aprobó el desembolso de US$ 274 millones a Paraguay como apoyo para enfrentar las necesidades que se presentaban en el país ante la pandemia por COVID-19.
El objetivo de esta entrega era contener la epidemia y mitigar el impacto de la misma en términos económicos.
Recordamos que las prioridades mencionadas para justificar el préstamo fueron: aumentar el gasto en asistencia médica, fortalecer la red de seguridad social, proporcionar apoyo a las pequeñas empresas y trabajadores.
También hay que tener en cuenta el compromiso del país de reducir el déficit presupuestario al término de la crisis y reestablecer su regla fiscal que, en los últimos cinco años, se presentaba como estable.
En la actualidad
La conclusión del directorio ejecutivo del FMI incluyó el pronóstico del crecimiento constante de la deuda pública de nuestro país. Mientras que en el 2019 la misma era del 22,9%, en el 2020 alcanzó el 34,2% y, a pesar de que las previsiones iniciales para el 2021 rondaban el 33%, las actuales suponen el 35,4% y prevén que en el 2022 alcancen el 36,3%.
En el campo de la salud, a pesar de las prioridades referidas por el gobierno a la hora de solicitar numerosos créditos, se observa un déficit dramático en medicamentos (en general), igualmente alarmante es el que se ve en términos de infraestructura, no fueron atendidos en tiempo y forma los reclamos del personal de blanco.
El segundo objetivo del gobierno, reiteramos, fue reducir el impacto económico, y sobre esto nos explayaremos un poco más. A pesar de ello, y del notable esfuerzo del sector privado y formal por mantener abiertas sus empresas, reinventándose para cubrir protocolos – con el alto costo de inversión que estos implicaban -, las mismas se vieron fuertemente afectadas.
Según unos informes de la empresa de investigación de mercados Nauta: el 90% de las Mipymes redujo su facturación a la mitad, 4 de cada 10 emprendedores no recibió ayuda económica durante la pandemia y 6 de cada 7 paraguayos vio afectada su economía en los últimos meses.
Por otro lado, el viceministro de la SET, por agosto del año pasado ya anunció que cerca de 9.000 empresas retiraron sus registros de la Secretaría del Estado, implicando su cierre. O el aumento del movimiento económico del sector informal.
Sin embargo – aún con el reciente informe del BCP de la caída del movimiento económico durante enero -, se ha percibido un incipiente aumento de la demanda. Según la Cámara de Anunciantes, la economía ha empezado a moverse, pero este movimiento se ve gravemente amenazado por las nuevas determinaciones del gobierno.
Nuevos decretos
Hace un par de días, el gobierno anunció nuevas medidas de restricción que perjudicarán seriamente a las empresas formales, como sus ventas, ingresos y, por lo tanto, también la consecuente capacidad de consumo de quienes podrían ver perjudicados sus empleos. Esta vez, las consecuencias negativas podrían ser aún más importantes que las vistas el año pasado, e incluso irreversibles en muchos casos.
Los numerosos esfuerzos del sector privado no se vieron acompañados por el desempeño en la gestión pública. Y, pesar de las numerosas insistencias y reclamos al gobierno, la incompetencia en la administración de la situación pública como la ineficiencia en hacer cumplir los protocolos – impuestos por el mismo gobierno – apeligra el panorama económico y de los negocios en el país.
¿Y quién pagará la factura?
Con el aumento de la informalidad – tampoco atendida eficientemente por el gobierno -, nuevamente el sector formal será quien deberá aportando para la recuperación del país.
El mismo sector que ya cuenta con numerosas cargas impositivas y el peso de mantener empresas, y cuya producción e ingresos se están viendo amenazados.
Pero no solo es una carga sobre las empresas: todos los aportantes del país están viendo cómo sus impuestos se gastan de manera desordenada y corrupta. Y, al mismo tiempo, observan cómo sus empleos se están viendo perjudicados por las decisiones tomadas por el gobierno.
CONCLUSION
Las consecuencias económicas serán muy importantes para todas las personas y empresas formales del país.
En paralelo, fuera del recorte injusto de las actividades comerciales de quienes procuran mantener sus negocios a flote, no se ve que el gobierno de turno esté escuchando los pedidos de la población, del sector privado ni de los gremios que los agrupan.
Es momento de que el gobierno atienda estos reclamos, realice un mejor análisis de la situación y tome decisiones que de verdad velen por el bien común y no por los intereses particulares.
