“Sin salud económica no es sostenible la sanidad ciudadana”
El coronavirus es una crisis sanitaria, pero también una potencialmente económica y para sostener políticas públicas adecuadas de manera preventiva y resolutiva es imprescindible asegurar la estabilidad y el crecimiento económico, en el entendimiento que la salud pública está por encima de los intereses personales o las conveniencias individuales e institucionalmente aportamos nuestra conducta comprometida y responsable para el bien común.
Gobiernos de todo el mundo han adoptado una serie de enfoques para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, desde recortes de emergencia de los tipos de interés y paquetes de grandes gastos hasta una situación de espera y promesas de acción en caso necesario.
El Gobierno Nacional ha adoptado algunas medidas que son muy adecuadas, pero son insuficientes, por ejemplo, para asegurar el empleo y la continuidad de los negocios cuando retomemos la normalidad.
En esta instancia, es importante que Estado y Privado sostengan la calma y tranquilidad para desarrollar e implementar un plan o esquema estratégico, llevando sosiego a la ciudadanía expectante ante los acontecimientos cuyo desenvolvimiento aún resultan imprevisibles: plazos de aislamiento, nuevos procedimientos preventivos, proyecciones de costos, seguridad laboral, empleo, mecanismos de abastecimiento, alternativas ante el riesgo de sostener flujos de caja por la caída del consumo y/o la interrupción de las actividades comerciales, industriales o de servicios, son los desafíos que plantean la urgente necesidad de entregar respuestas consistentes y coherentes de medidas económicas, financieras, fiscales y administrativas.
Algunas de estas medidas están vinculadas con la eficiente articulación de las políticas de empleo y seguridad laboral entre IPS, SET y Ministerio de Trabajo, que podría otorgar una condición especial de suspensión de los tributos y aportes por un plazo de 90 días, de manera que los costos para el empleador sean compartidos y que el empleado tenga la tranquilidad de percibir su salario digno. Esta medida podría redundar en la promoción del empleo formal. No debemos olvidar que el sector formal es el que sostiene la economía de nuestro país.
Desde la perspectiva de la producción y los servicios, la suspensión de actividades tiene impactos significativos, sobre todo en el manejo de flujo de caja, mantenimiento de la infraestructura y de las operaciones. Aquí será clave la postergación de los impuestos como el IVA a los alquileres, los impuestos inmobiliarios y una mejora de las tarifas, ampliación de los plazos y de pagos por los servicios públicos de energía, agua, etc. Es muy complicada la situación y sostenibilidad de algunas empresas que deben abonar alquiler o mantener infraestructuras operativas mientras sus actividades están paralizadas por el aislamiento de las personas.
Al mismo tiempo, las medidas adoptadas por el BCP resultan insuficientes y habría que ejecutar un programa de garantías y de líneas de financiamiento a tasas y plazos adecuados, sobre todo para asegurar que los proveedores no interrumpan la cadena de suministro y que las empresas puedan enfrentar este escenario, a cuyo propósito será vital la coordinación entre el BCP, el sistema financiero público y privado, como Bancos, Financieras, BNF, AFD, etc. disponiendo de líneas pre acordadas, de acuerdo con el perfil de cada empresa.
Por el lado de la política fiscal será muy conveniente que la inoportuna reforma fiscal sea postergada, al menos para su aplicación por un año, es decir a partir del 2021.
Finalmente, esta es una gran oportunidad para que desde el Estado se inicie definitiva y responsablemente una mejor política de gestión del gasto público, tan necesario para el desarrollo sostenible del Paraguay.
