La prejudicialidad administrativa es una garantía para el ciudadano contribuyente

El representante del gremio de anunciantes (CAP), Carlos Jorge Bidermann, manifestó el dia de ayer que la prejudicialidad administrativa es una garantía para el ciudadano contribuyente, porque permite hacer efectiva la garantía constitucional de la presunción de inocencia.

En ese sentido, aseveró que todos somos inocentes hasta que se demuestre fehacientemente que somos culpables, por lo que por falsas acusaciones se podría causar daños morales y económicos irreparables. Enfatizó que la administración tributaria no puede delegar la competencia de definir si existen hechos o faltas que ameriten el inicio de un proceso penal. También comentó que en caso de que se estableciera un resarcimiento económico por una acusación falsa, eso casi nunca repara el daño moral o el daño a la imagen o reputación del afectado.

“Creemos que una solución es controlar el cumplimiento de los plazos legales y mejorar el sistema judicial, de manera a ofrecer garantías de objetividad, transparencia y eficiencia a todos los ciudadanos en general y a los contribuyentes en particular”, indicó Biedermann.

Remarcó que la CAP no está de acuerdo con la derogación de la prejudicialidad administrativa, “eliminar la prejudicialidad administrativa será dejar al ciudadano particular o corporativo a merced de acusadores, que podrían imputar y afectar gravemente sin el debido proceso legal”, señaló.